Un Sistema de Integración Centroamericana que protege a la industria alimentaria y apuñala por la espalda a su población.
El Consejo de Ministros de Economía y Comercio Exterior de Centroamérica - COMIECO, pareciera querer tomar una decisión en contra de la salud pública, en conflicto con los principios del Sistema de Integración Centroamericana y en beneficio económico de la industria alimentaria.
Todos los países de Centroamérica compartimos un grave problema de salud: las enfermedades no transmisibles—ENT (enfermedades cardiovasculares, cánceres, diabetes y otros trastornos metabólicos) presentan prevalencias cada vez más altas en la población. En la región centroamericana se registran valores de hipertensión arterial de 22%; diabetes mellitus, 10%; y sobrepeso, 67%. También, entre un 62% y 82% de las muertes son atribuidas a estas enfermedades.
Las ENT afectan la calidad de vida de las personas y de sus familias. Además, requieren tratamientos prolongados o de por vida, hospitalizaciones recurrentes y tecnologías de diagnóstico y tratamientos costosos, lo que amenaza la sostenibilidad de los sistemas de salud. Si la tendencia de crecimiento de las ENT se mantiene, en 20 años, probablemente ningún sistema de salud de Centroamérica tendrá la capacidad de sostener esta carga de enfermedad por ENT y al mismo tiempo atender otros problemas de salud.
Prevenir las ENT pasa por abordar sus factores de riesgo modificables: la actividad física, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la alimentación. Por supuesto, existe una cuota de responsabilidad personal en modificar estos factores de riesgo, pero es una responsabilidad de los Estados garantizar el derecho a la salud y a la alimentación saludable de todas las personas, y deben facilitar las condiciones para que esto ocurra.
La evidencia muestra que las ENT están asociadas con el alto consumo de productos ultraprocesados PUP. Una dieta alta en PUP conlleva un consumo excesivo de energía y nutrientes críticos (sodio, azúcar, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans). Los PUP han ido incrementando la proporción que ocupan en la dieta de las y los centroamericanos desde mediados de los años noventa e incrementó aún más cuando entraron en vigencia los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Algunos estudios en América Latina han estimado que hasta un 40% de la dieta proviene de productos ultraprocesados.
En términos muy simples, mejorar la alimentación en función de prevenir las ENT implicaría un conjunto de políticas públicas que podrían agruparse en dos: 1) políticas que incentiven a mejorar la calidad de la alimentación y 2) políticas que desincentiven el consumo de PUP. Implementar este tipo de políticas es un proceso complejo y requiere cambios profundos en los sistemas alimentarios y sus regulaciones. Sin embargo, existe suficiente evidencia y experiencias de políticas efectivas, como la regulación de ingredientes y aditivos, el etiquetado frontal de advertencia, la regulación del marketing de PUP, los impuestos selectivos (azúcar y aditivos), los subsidios o exenciones a alimentos saludables, la regulación del lobby de la industria alimentaria, entre otras.
En este sentido, regular el etiquetado frontal es la política más costo-efectiva y simple de implementar en la región. Siendo pragmáticos, es el primer paso para encaminarnos hacia una Centroamérica más saludable y, aún así, ningún país ha sido capaz de implementar una política de etiquetado frontal. Guatemala, Costa Rica y Panamá han logrado llevar a sus corrientes legislativas proyectos de ley para regular el etiquetado frontal con advertencias octagonales—EFAN. El sistema de advertencias octagonales está respaldado por amplia evidencia científica en la región, ha sido implementado en otros países de América Latina y el Caribe con buenos resultados y es el sistema recomendado por la Organización Panamericana de la Salud—OPS.
El principal obstáculo que han afrontado los países para regular el EFAN es el bloqueo que ejerce la industria alimentaria a través de las gremiales, cámaras y federaciones empresariales. Estas han presionado a las asambleas legislativas y congresos para archivar o congelar los proyectos de ley; han cuestionado la evidencia científica que respalda el EFAN; han desviado la discusión hacia otros temas; han propuesto sistemas de etiquetado alternos sin evidencia; y finalmente, han instrumentalizado el Sistema de Integración Centroamericana—SICA como escudo contra la regulación y como herramienta de bloqueo a la salud pública.
El argumento central usado por la industria, es que el etiquetado frontal debe ser implementado a través una actualización de las normas referentes al etiquetado de productos envasados del Reglamento Técnico Centroamericano—RTCA. Esto con el fin de no comprometer la integración económica de la región. Según la industria, las legislaciones nacionales entrarían en conflicto con los acuerdos de integración comercial que ha establecido el COMIECO y generar costos adicionales, incremento de precios, pérdida de empleos y posibles litigios internacionales.
Esto es falso. Los Estados soberanos tienen la facultad constitucional y el mandato de anteponer la salud pública y el derecho a la información sobre los reglamentos comerciales técnicos. Además, el COMIECO, el ente encargado de actualizar el RTCA, lleva alrededor de 10 años abordando este tema sin concretar una regulación; no existe voluntad ni incentivo en hacerlo. Además, la industria alimentaria tiene gran capacidad de influencia sobre el COMIECO, prácticamente lo controla a través de su Consejo Consultivo (donde están las gremiales) y a través de los ministros de economía y comercio exterior de cada país.
El interés de la industria alimentaria en bloquear el EFAN radica en su efectividad. El EFAN permite que las personas tomen decisiones informadas y elijan productos menos nocivos. Ante esto, la industria se vería obligada a reformular productos e innovar, algo a lo que no están dispuestos a hacer por temor a que se contraiga el mercado y perder el control de las regulaciones. El EFAN haría que más personas prefieran consumir menos PUP o consumir los menos nocivos; o en el mejor de los casos, inclinarse por productos no procesados y mínimamente procesados.
En resumen, la industria busca bloquear el EFAN por un interés puramente comercial. Esto está evidenciado en sus estrategias y discursos para bloquearlo. Las acciones de cabildeo y presión de la industria tienen paralizados los proyectos de ley en Guatemala y Panamá. En Costa Rica, incluso, lograron sepultar dos proyectos de ley con amplio apoyo de la sociedad civil y de las instituciones de salud y academia. También en Costa Rica, la industria convenció fácilmente a la entonces ministra de salud, Mary Munive Angermüller, para que girara una orden que hiciera bloquear el EFAN en los productos importados desde países donde ya se implementaba. Esta orden fue anulada por una acción de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano.
La última estrategia de la industria alimentaria para bloquear el EFAN es actualizar las normas del RTCA con un sistema de etiquetado frontal que le resulte cómodo y que no afecte sus intereses comerciales. Como toda acción cargada de conflicto de interés, la actualización de la norma ha sido un proceso casi secreto. Se sabe que Costa Rica elaboró una propuesta de actualización que está siendo discutida por el COMIECO. Se desconoce por completo cuál sistema incluye esa propuesta y fuentes confidenciales rumoran que fue elaborada por la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria—CACIA. El mismo ex ministro de comercio exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, confirmó en una reunión de Consejo Consultivo de Comercio Exterior que el único interés de la propuesta de etiquetado frontal presentada es proteger a la industria, pues Costa Rica perdería ingresos de regularse el EFAN en cada país.
«…se inició con la negociación de un Reglamento de Etiquetado Frontal, entre otras acciones, con la propuesta base de negociación ha sido la costarricense. Este proceso avanza, pero si ha sido bastante retador por los esfuerzos de algunos países por desarmonizarnos, y esa armonización incluía Costa Rica con un Proyecto de Ley de una Diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), que no era la dirección correcta. Y lo importante es seguir con estas negociaciones en el marco centroamericano, porque una desarmonización a quien le va a doler más es a Costa Rica, que es la potencia centroamericana en alimentos»
Acta de sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Comercio Exterior - CCCE-ACT-SES-0006-2.
De ser esto cierto (como probablemente lo sea), estamos frente a uno de los paradigmas favoritos de cualquier industria: regularse a sí misma. ¿Deberíamos entonces dejar que también la industria tabacalera cree sus propias regulaciones? ¿Tal vez tratar de la misma forma a la industria del alcohol o al narcotráfico? ¿Deberíamos dejar que estas industrias regulen la edad mínima de venta de sus productos o comercializarlos en las escuelas?
Aunque estas últimas reflexiones estén cargadas de ironía, recordemos que la historia demuestra que la regulación de productos o servicios nocivos camina a paso lento. Es la fábula de la tortuga y la liebre, pero en esta versión, la liebre convence a la tortuga de tomar la siesta con ella. Por ejemplo, en el siglo pasado aún era permitido vender cigarrillos a menores de edad o fumar en lugares públicos, incluidos hospitales, autobuses, aviones y restaurantes. Esto ocurría mientras ya se acumulaba una buena base de evidencia sobre los efectos dañinos del tabaco y el humo de segunda; la industria siempre negó y ocultó esta evidencia para evadir la regulación y usó los mismos mecanismos que ahora usa la industria alimentaria. Incluso, la industria tabacalera evolucionó para sobrepasar las regulaciones y ahora comercia vapeadores y cigarrillos electrónicos para jóvenes y adolescentes como público meta.
Alguien podría argumentar que comparar cigarrillos con productos ultraprocesados es un poco exagerado. Sin embargo, detrás está la misma lógica, si no regulamos los sistemas alimentarios en función de mejorar la calidad de la alimentación (accesibilidad, disponibilidad y consumo) el costo en el presente y el futuro va a ser considerablemente más caro para toda la sociedad, excepto para la industria alimentaria. El costo de no actuar lo pagaremos con dinero, salud, calidad de vida y muertes prematuras.
Algo que podemos aprender de la experiencia de regulación de los productos de tabaco y del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, es la recomendación firme de excluir a la industria de las mesas de negociación por conflicto de interés. El COMIECO prácticamente está permitiendo a la industria de ultraprocesados redactar la norma de etiquetado frontal, una política de salud pública. Esto también refleja una asimetría de poder en el SICA, las decisiones sobre alimentación y salud debieran ser tomadas por el Consejo de Ministros de Salud—COMISCA y no por el COMIECO.
En este contexto, es necesario e imprescindible recordar que «La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana» (principio fundamental 1 del SICA). Las acciones del COMIECO y su complicidad con la industria, demuestran que no tienen la solvencia moral, ética y técnica para regular el EFAN. El EFAN es una política de salud pública y no debe ser subordinada a los intereses del sector empresarial organizado. Es deber de cada asamblea legislativa y congreso de Centroamérica proteger a las y los centroamericanos con políticas basadas en evidencia y libres de conflictos de interés.
El reto para Centroamérica es grande, el clima político y económico mundial es inestable e impredecible, en muchos sentidos. No somos particularmente países que vemos al futuro, sino más bien, reaccionamos tarde al presente. Pero debemos reflexionar que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido la carga de ENT que tenemos hoy. Nunca tantas niñas, niños y adolescentes han tenido sobrepeso y obesidad a tan cortas edades. Los estamos condenando a aumentar sus probabilidades de enfermar o morir prematuramente en su etapa adulta. Es un escenario un poco desolador, pero también hay que reconocer que nunca en la historia hemos tenido tanta evidencia sobre el camino que debemos tomar. El EFAN es el primer paso para una Centroamérica mejor alimentada, más saludable y prevenir las ENT, no permitamos que la industria alimentaria nos meta zancadilla.
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