Los esfuerzos por bloquear políticas de salud pública solo pueden surgir de la ignorancia o el conflicto de interés.
- Damián Reyes
- 14 ago 2024
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 14 ago 2024

En Centroamérica, el aumento de las enfermedades no transmisibles (ENT), así como el sobrepeso y la obesidad es alarmante. Vivimos en un contexto donde los productos ultraprocesados saturan los estantes de supermercados, los espacios publicitarios y los platos de la población. El etiquetado frontal con octágonos de advertencia es una de las medidas necesarias y urgentes para iniciar a abordar estos problemas. Sin embargo, la oposición absurda por parte de la industria alimentaria organizada y de algunos actores gubernamentales debe llevarnos a la pregunta:
¿Qué motiva estos esfuerzos por bloquear una política de salud pública tan necesaria? Solo la ignorancia y los conflictos de interés pueden justificar tal oposición.
Prácticamente, dos de cada tres personas centroamericanas vivimos con sobrepeso u obesidad. Este problema no es solo estético; tiene repercusiones directas en la salud pública, pues aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. El vínculo entre una dieta alta en nutrientes críticos (azúcares, sodio, grasas, saturadas y grasas trans) y el desarrollo de estas enfermedades está bien documentado. La adopción de una dieta saludable es una de las principales recomendaciones para prevenir y controlar las ENT, lo que justifica la necesidad de políticas públicas que promuevan cambios en los patrones de consumo y en general, en los estilos de vida de las personas.
Las ENT representan una carga económica significativa para los sistemas de salud, las personas que enferman y sus familias. Los costos directos incluyen tratamientos médicos, hospitalizaciones y medicamentos, mientras que los costos indirectos abarcan la pérdida de productividad debido a discapacidades y mortalidad prematura. Adicionalmente, la familia debe destinar recursos y tiempo al cuidado de las personas que enferman. Generalmente estas tareas son delegadas o impuestas a las mujeres, afectando también sus proyectos de vida. Se estima que los costos relacionados con el tratamiento de enfermedades crónicas podrían superar el 6% del PIB en algunos países de la región.
Esta carga económica no solo drena los recursos ya limitados de los sistemas de salud, sino que también perpetúa un ciclo de pobreza y enfermedad. No existe un sistema de salud en Centroamérica que pueda responder a la demanda de cuidados por ENT que tendremos en 20 años si no actuamos ahora.
El etiquetado frontal con octágonos de advertencia ha demostrado ser una de las intervenciones más costo-efectivas en la respuesta a las ENT. Estudios realizados en varios países de Centroamérica y Latinoamérica, han mostrado que este tipo de etiquetado es fácil de entender para los consumidores y tiene un impacto significativo en sus decisiones de compra.
Los octágonos advierten de manera clara, rápida y visible sobre el contenido excesivo de azúcar, sodio, grasas, grasas saturadas y grasas trans. Esto facilita que los consumidores hagan elecciones más saludables o menos nocivas al incluir ultraprocesados en sus dietas o desincentivar su consumo. El costo de implementar los octágonos de advertencia es sumamente bajo en comparación con los beneficios económicos que se obtendrían al reducir la carga de enfermedades no transmisibles, sobrepeso y obesidad.
A pesar de la evidencia científica a favor del etiquetado frontal con advertencias octagonales, la industria alimentaria organizada ha movilizado considerables recursos para oponerse a estas políticas. A través de campañas de desinformación y presión política, estos retrógrados empresarios buscan proteger sus intereses económicos a expensas de la salud pública. Utilizan argumentos que van desde la supuesta pérdida de empleos hasta el impacto negativo en la economía, pasando por la defensa del "derecho a elegir" de los consumidores.
Este conflicto de intereses pone en riesgo los avances en salud pública, y pone sobre la mesa la necesidad de regulaciones más estrictas para proteger a la población de prácticas empresariales irresponsables. El conflicto de interés se convierte en un factor determinante cuando se observan las acciones de algunos funcionarios y legisladores que, en lugar de promover políticas de salud pública, se alinean con los intereses de la industria alimentaria organizada. Por ejemplo, algunas autoridades de salud en Centroamérica han ordenado cubrir las advertencias octagonales en ultraprocesados importados desde México o Sudamérica.
En resumen, los esfuerzos por bloquear el etiquetado frontal con octágonos de advertencia no tienen justificación desde una perspectiva de salud pública. Es más, ni siquiera la tienen desde el sentido común. Solo pueden entenderse desde la ignorancia de la evidencia científica o, aún más preocupante, desde un claro conflicto de interés. La evidencia científica es clara: el etiquetado frontal con octágonos de advertencia es una medida efectiva y necesaria para combatir las enfermedades no transmisibles, el sobrepeso y la obesidad. Debemos exigir transparencia y responsabilidad a nuestros funcionarios públicos y rechazar cualquier intento de anteponer intereses económicos sobre la salud de la población.



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